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Supranacional - Centro de Difusión de la Victimología
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La Carta

Los EE.UU. y los tratados de derechos humanos.

Sin duda alguna los gobernantes de EE.UU. se consideran a si mismos como los campeones de los derechos humanos. Así lo han hecho saber en más de una ocasión. Generalmente en ocasión de invadir militarmente un país o de imponer sanciones a otro. Sin embargo, cuando se trata de la retificación de tratados de derechos humanos EE.UU. suele estar ausente, cuando no intentando boicotear los mismos, alegando la inconveniencia por razones de seguridad nacional de verse limitado por dichos tratados o sosteniendo que su propia legislación es más avanzada que la que se pretende imponer.
Al respecto me permito recomendar una nota publicada por el diario matutino Página12 titulada "Esto es América" del pediodista e investigador Horacio Verbitzky. La nota en cuestión no sólo ilustra los avances del autoritarismo sobre los derechos de los ciudadanos, sino que además permite analizar el apoyo de EE.UU a los gobiernos autoritarios latinoamericanos de los 70. Leer la nota

La Corte Penal Internacional.

12/10/2001
El Reino Unido ratificó la Corte Penal Internacional (CPI) en el marco de los atentados en Nueva York y en Washington, mientras que en el Congreso de Estados Unidos estudian una ley para boicotearla. La CPI podría entrar en funciones en menos de un año. . . .

Mientras que el Reino Unido ratificó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y se trasnformó en el Estado número 42 en hacerlo, en Estados Unidos analizan un proyecto de ley introducido el pasado 2 de octubre en el Senado para boicotear la eficacia del Tribunal que comenzará a funcionar en La Haya, Holanda, en un plazo que se estima de entre seis meses y un año.
La Coalicion de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a favor del establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI) denunció esta semana la presentación en el Congreso estadounidense del proyecto de ley que consideran que atenta contra la justicia internacional. "Mientras el gobierno estadounidense promueve una amplia cooperación de los Estados para luchar contra el terrorismo en respuesta a los terribles atentados de Nueva York y Washington, este mismo gobierno apoya una ley contra la CPI, que fue introducida el 2 de octubre ultimo en el Senado estadounidense", sostuvo la coalición.

Las ONGs explicaron en un comunicado que esa ley de "Protección del Personal Militar Estadounidense" prohibiría toda asistencia militar por parte del gobierno de George Bush a la mayoría de los Estados que ratificaron el Estatuto de Roma, excepto a aquellos que son parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados.

La ley establece que Estados Unidos limitará la transmisión de información sobre la seguridad nacional de los países que ratificaron el mencionado estatuto, entre ellos la Argentina, uno de los países más comprometidos en el trabajo para que la Corte entre en funcionamiento.

Por otra parte, la ley proyectada se opone en el caso de que la CPI entre en vigor a la participación de estadounidenses en las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y autorizaría al presidente de ese país a utilizar todos los medios necesarios adecuados para liberar a un ciudadano estadounidense detenido por la Corte.

La Coalición de ONGs consideró que "la aprobación de ese proyecto sería una ofensa a todas las víctimas que están esperando la instauración de la CPI y a todos los Estados que hicieron esfuerzos importantes para contribuir a una lucha internacional eficaz contra la impunidad".

Hasta el momento 42 Estados ratificaron el Estatuto de Roma, y es necesario que 60 de los 120 firmantes lo hagan para que entre en vigencia.

21/8/2001
Corte de manga
En E.E.U.U. proponen no pagar su deuda a la ONU ante el avance del tribunal penal internacional. Además, postulan no ayudar militarmente a los países que ratifiquen el Estatuto de Roma, entre ellos Argentina. . . .

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pretende condicionar el pago de parte de la deuda que tiene ese país con la Organización de las Naciones Unidas a que sea aprobada la Ley de Protección para los soldados estadounidenses en ejercicio, que busca eximirlos de la competencia de la Corte Penal Internacional. La primera versión de la intención de los legisladores del partido oficialista fue publicada en el periódico The Washington Post y aún no ha sido desmentida. El proyecto de norma no sólo rechaza que la Corte Penal pueda encausar a estadounidenses, sino que además impediría que el gobierno de George W. Bush pudiera prestar ayuda militar a todo país ajeno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ratificara el Estatuto de Roma con el que se creó la CPI, que comenzará a funcionar una vez que 60 de los 120 países firmantes depositen en la Secretaría General de la ONU el instrumento de ratificación.

De acuerdo al proyecto de ley que impulsan los republicanos, pero que además apoyan más de 70 demócratas, quedaría prohibido que tropas estadounidenses participen en misiones de paz de la ONU si no se les concede inmunidad expresa frente a la jurisdicción del Tribunal. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos estaría autorizado a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un país aliado, que fuera detenido por orden de la CPI, que tendrá su sede en la Haya, Holanda.

De todas formas, oponerse a la Corte en los duros términos de la ley no parece una opción viable políticamente, cuando faltan pocas semanas para que Bush realice su primer discurso ante la Asamblea General del organismo mundial (a fines de septiembre). Luego de negociaciones que pusieron en jaque la propia operativa de la ONU durante el año pasado, Estados Unidos se comprometió a pagar una deuda de mil millones de dólares, y la mitad de ella deberá ser cancelada durante este año.

En el caso de que Estados Unidos decida desvincularse del Estatuto de Roma, que firmó durante lo últimos días de mandato del ex presidente Bill Clinton, se provocará un conflicto técnico propio del derecho internacional público. Para acogerse a la cláusula de salida que prevé el tratado, hace falta firmarlo, un paso que aún no dio el estado norteamericano. Por otro lado, los jefes de Estado y Gobierno que participaron del Grupo de Río en Chile la semana pasada -entre ellos el presidente argentino Fernando de la Rúa- emitieron un documento denominado "declaración de Santiago", que en su punto décimo dejó sentada la intención de apoyar políticamente el proceso de ratificación del Tratado.

Los 19 países latinoamericanos que integran el Grupo de Río dejaron expreso que "en la perspectiva de reforzar el respeto irrestricto de los derechos humanos en el mundo, manifestamos nuestro más amplio apoyo al Tribunal Penal Internacional y nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios destinados a promover la adhesión universal de su Estatuto, a fin de que dicho Tribunal pueda entrar en funciones en el más breve plazo. Asimismo, exhortamos a que la comunidad internacional amplíe su colaboración en la ubicación y juzgamiento de los imputados de crímenes de lesa humanidad de acuerdo a diversos instrumentos internacionales".

 


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