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Victor H. Saldaño
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Víctor Hugo Saldaño

 

La condena a muerte del argentino Víctor Hugo Saldaño fue rechazada por segunda vez, lo que está considerado un hecho inédito en la historia judicial de Texas. Una Corte Federal de Beau mont admitió que hubo "componentes racistas" en la sentencia y ordenó que el jurado popular que intervino se vuelva a expedir sobre el caso.

Saldaño, un cordobés que está por cumplir 32 años, fue condenado a la pena capital hace más de siete años. El 25 de noviembre de 1995, junto a un cómplice mejicano, mató a tiros a Paul Ray King, un vendedor de artículos electrónicos. El ataque fue en una playa de estacionamiento en las afueras de la ciudad de Plano, al norte de Dallas.

En 1996 Saldaño fue condenado a la pena de muerte por el asesinato. Y en 2000 la sentencia fue revocada por primera vez por la Corte Suprema estadounidense, que entendió que el factor racista había sido determinante en la decisión del jurado. Sin embargo, en marzo de 2002 la pena capital volvió a ser confirmada y entonces ya no parecían quedar esperanzas para el argentino.

Pero ahora llegaron buenas noticias: prosperó un recurso de hábeas corpus que había sido presentado ante una Corte de Beumont por los abogados defensores y por las autoridades del consulado argentino en Houston.

De acuerdo al procedimiento, Saldaño deberá recibir una nueva sentencia por parte del jurado popular del condado de Collins, en el estado de Texas. Pero ahora se abrirá un plazo de 180 días para que eso se defina.

El argentino tiene bien claro que una nueva sentencia no le asegura librarse de la pena de muerte. Su expectativa máxima es lograr que finalmente le apliquen una condena a prisión perpetua, para salvarse de la inyección letal.

El estado de Texas es uno de los lugares del mundo donde se ejecuta a más personas. Solo está detrás de Congo, China y Arabia Saudita.

La Cancillería argentina consideró que esta segunda revocación de la sentencia de muerte contra Saldaño es "un hito en la lucha por los derechos humanos y contra la discriminación racial".

Sostuvo que esto se suma a la llamada "ley Saldaño", sancionada en 2001 por la Legislatura de Texas. Esa ley impide la invocación de la raza en los procesos de pena capital.
 

Diario Clarín - Buenos Aires-Argentina, 19 Junio 2003

 

ANULAN POR RACISTA SU ULTIMA SENTENCIA A MUERTE
Un nuevo juicio para el cordobés Saldaño

La Justicia estadounidense admitió que hubo “racismo” en la sentencia contra el cordobés Víctor Hugo Saldaño y revocó por segunda vez la pena de muerte a la que fue condenado por el asesinato de un comerciante en el estado de Texas.
“Es un hecho inédito porque nunca la Justicia de Estados Unidos revocó dos veces una sentencia a instancias de un gobierno latinoamericano. Es también un hito en la lucha por los derechos humanos”, destacó una fuente de la Cancillería argentina. Se trata de la segunda vez que un tribunal da marcha atrás en la condena de Saldaño, ya que en junio de 2000 la Suprema Corte de Justicia revocó la pena –impuesta 1996–, con los mismos argumentos, al demostrar que durante el proceso se había aludido a su carácter de hispano para fundamentar su peligrosidad.
Fue el primer triunfo de los abogados que el consulado argentino en Texas le puso Saldaño, para salvarlo de la inyección letal. Pero, en marzo de 2002 la Corte de Apelaciones de Texas volvió a imponerle la misma pena, en otra condena con condimentos racistas. Con el apoyo de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, de Amnesty International, el nuncio apostólico en Washington, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de la OEA, el gobierno argentino siguió su pelea. Ayer, la Corte Federal del estado de Beaumont, con jurisdicción en Texas, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por los abogados de Saldaño y ordenó que se le inicie un nuevo juicio en el plazo de 180 días o se le conmute la condena a muerte. En este escenario, una nueva sentencia no asegura al cordobés librarse de la pena capital, pero la expectativa de máxima de su defensa es lograr una pena a cadena perpetua.

Diario Página12 - Buenos Aires-Argentina, 19 Junio 2003

 

Víctor Hugo Saldaño, el cordobés condenado a muerte por la Justicia estadounidense, podría ver revocada su condena capital en las próximas horas. La posibilidad tiene sus fundamentos en que ayer, en una decisión histórica, la Corte Suprema de aquel país dictaminó que todas las penas de muerte dispuestas por jueces y no por jurados deberán ser revisadas.

 En el caso de Saldaño, su culpabilidad respecto del asesinato de un comerciante texano en 1995 había sido declarada por un jurado del condado de Collins, mientras que la pena fue determinada por un magistrado de Texas. De esta forma, el fallo quedaría nulo y la sentencia debería dictarse nuevamente con las modificaciones correspondientes.
“De confirmarse la noticia, el primer paso que daremos será pedir la nulidad del juicio y el segundo, exigir la prohibición de la pena de muerte a Saldaño, ya sea por la vía de la clemencia, del perdón o de un fallo judicial”, adelantó el abogado del cordobés en Argentina, Juan Carlos Vega. Recién desayunado con la nueva, Vega, que lleva adelante la acusación internacional en Washington contra el Estado norteamericano por entender que hubo racismo en el fallo contra Saldaño, explicó que la decisión del Tribunal Supremo podría abrir las puertas a una “solución amigable”. Así podría hacerse valer la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 1948 y evitarse la pena capital.
 

La histórica resolución tomada ayer por la Corte Suprema estadounidense sostiene la primacía de la Sexta Enmienda de la Constitución nacional, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus pares, o sea, por un jurado. Con siete votos a favor y dos en contra, fue revocado el fallo emitido en 1990 por el mismo tribunal, basado en la ley de pena capital del estado de Arizona.

  “Hemos concluido que los imputados por crímenes capitales, no menos que otros acusados, tienen derecho a que un jurado determine acerca de cualquier factor sobre el cual la ley condiciona un incremento en su castigo máximo”, indicó la jueza Ruth Bader Ginsburg, en representación de los impulsores del cambio.
Según el cálculo de los expertos, la modificación derivará en la revisión de por lo menos 168 casos de los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana y Nebraska. Sin embargo, la cantidad de “beneficiados” podría llegar a 800, siempre que se computen los juicios en los que hubo participación de un jurado de ciudadanos aunque sin intervención en la decisión sobre el castigo. Así, los 629 internos que actualmente aguardan su ejecución en el “pasillo de la muerte” de las cárceles de Texas, Alabama, Delaware, Florida e Indiana, entre otras, serían incluidos dentro de los casos a revisar.
“Es importante aclarar que en ningún momento se está revocando o suspendiendo el dictamen de culpabilidad de los acusados. En términos prácticos, la decisión del Tribunal Supremo exige una evaluación de la fase de sentencia de los casos”, advirtió al respecto la abogada Wendy Patten, de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en Washington. “La interpretación que ha dado el Tribunal de la Sexta Enmienda de la Constitución simplemente dice que así como el preso tiene derecho a ser juzgado por un jurado, ese jurado también es el que debe determinar, además de su culpabilidad o inocencia, el castigo que le corresponde”, agregó Patten.
Por su parte, la jueza Sandra Day O’Connor, una de las voces disidentes junto al magistrado William Rehnquist, se mostró escéptica frente al punto de vista de la mayoría. Según O’Connor, el fallo de sus colegas será una pérdida de tiempo tanto para los acusados como para los tribunales. En su opinión, los primeros “probablemente no tendrán éxito en su apelación”, mientras que los segundos “afrontarán una gran carga en esos cinco estados”. Lo extraño fue que, a pesar de su descreimiento, la jueza concluyó advirtiendo a la población sobre la posibilidad de que las condenas de muerte a los presos culpados de homicidios se terminaran declarando inconstitucionales. Ya el jueves pasado, la misma Corte se había pronunciado en contra de la ejecución de retrasados mentales, en una decisión que afectará a 20 de los 38 estados del país en los que se aplica la pena de muerte desde su reimplantación en 1976, y que salvará la vida de varios centenares de condenados con deficiencias mentales.
En el caso de Saldaño, ésta sería la segunda vez que logra esquivar la inyección letal. En junio de 2000, la Corte Suprema había decidido anular su ejecución argumentando que los fiscales la habían conseguido basándose en su condición de hispano. Pero tiempo después la justicia texana no tuvo en cuenta esa advertencia y ratificó la condena. Hace apenas un mes, el fiscal general de Texas, John Cornyn, admitió por segunda vez la existencia del “error judicial” al que llevó la interpretación de un psicólogo jamaiquino, quien juzgó como “peligroso” el hecho de que Saldaño fuera un hombre joven y latino. “Nos vamos a basar en el reconocimiento de Cornyn del error para pedir la anulación de la pena de muerte. Consideramos que es importantísima para el caso”, concluyó su abogado, Juan Carlos Vega.

Buenos Aires-Argentina, 25 Junio 2002

 


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