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Las mayores atribuciones de la Policía Federal - Centro de Difusion de la Victimologia
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El origen de las nuevas atribuciones, ¿una fórmula que se repite?

La ecuación se repitió como un calco durante los últimos años: ante cada hecho violento que impactó en la opinión pública, el Poder Ejecutivo o el Legislativo salieron a anunciar medidas contra el delito. En muchos casos, esas iniciativas quedaron en la nada. En otros, se hicieron realidad pero no tuvieron el efecto esperado sobre la sensación de inseguridad de la gente.

Allá por noviembre de 1997, el asesinato de un cabo de la Federal en Saavedra coronó una seguidilla de robos violentos. La reacción del Ministerio del Interior, a cargo por entonces de Carlos Corach, fue anunciar que la Gendarmería pasaría a cubrir las custodias de entidades judías para aliviar a la Policía de esa tarea. El cambio no trajo resultados. De hecho, el año pasado la Federal decidió hacerse cargo nuevamente de esas custodias.

Menos de un año después, el Gobierno intentó otra jugada ante una ola de robos a restoranes: lanzar la "Espiral Urbana": helicópteros y 400 policías recorriendo las calles. La inseguridad se mantuvo igual.

El año pasado, los cuestionamientos se dirigieron hacia la ley de Reincidencia (limita los beneficios para quien es condenado más de una vez), luego de una toma de rehenes en La Paternal. Nada cambió. Tampoco la propuesta lanzada hacia fin de año: a partir del caso de un adolescente que asesinó a su maestra en Olavarría, se intentó bajar la edad de imputabilidad de los menores (pretendía que se los pudiera juzgar como adultos).

Cuando el caso cayó en el olvido, el proyecto también. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores propuso endurecer las penas para quienes mataran a policías. Fue justo luego de que dos hombres de la Federal cayeran baleados. La idea ni siquiera se trató.

El último ejemplo ocurrió hace dos semanas. Dos policías fueron asesinados en un asalto en Once y el Gobierno impulsó el proyecto que otorgó más atribuciones para la Federal.

Nuevas atribuciones para la Policía Federal.

La Policía Federal tendrá más atribuciones. El Senado lo decidió anoche al aprobar una ley que les permitirá a los policías interrogar detenidos en el lugar del hecho, revisar personas o vehículos sin autorización judicial, y hacer allanamientos sin testigos, entre otras facultades.
El proyecto ya había recibido media sanción en Diputados. Tras la sanción de Senadores, el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, aseguró que el Poder Ejecutivo le dará una rápida promulgación y que entrará en vigencia el lunes próximo (18 de junio del 2001) luego de ser publicada en el Boletín Oficial.
Las facultades policiales aprobadas en el Senado implican una modificación del Código Procesal Penal que rige en la Capital y en territorios nacionales. Se cambiaron cinco artículos y se agregó uno. Los puntos más destacados (y que motivaron polémicas en su trámite parlamentario) son los que autorizan a la Federal a interrogar detenidos en el lugar de un hecho, revisar personas y autos en la calle sin orden judicial, entrar a una casa a hacer un allanamiento sin testigos y secuestrar cualquier cosa que les parezca relacionada con un delito, entre otras cosas.
Oficialismo y oposición ya habían llegado a un proyecto consensuado en la Cámara baja. En ese debate, diputados del PJ habían intentado sumar una atribución: que los policías pudieran realizar las actas de sus procedimientos sin necesidad de contar con dos testigos.
La idea quedó descartada cuando el fiscal general de la Procuración, Maximiliano Rusconi, informó a la Comisión de Legislación Penal de Diputados las conclusiones de una investigación sobre falsos procedimientos policiales. Allí, puntualizó que en los últimos cinco años ya se detectaron unos 60 operativos inventados por oficiales y suboficiales para incriminar a inocentes. Y que la mayoría fueron descubiertos gracias al testimonio de los testigos citados para labrar las actas.
Excluido este punto, las otras modificaciones al Código fueron aprobadas. Si bien la idea tenía varios meses, el trámite se aceleró a partir del asesinato de dos policías federales ocurrido durante un asalto a un negocio de Once el 19 de mayo.
Entonces, el jefe de la Federal, Rubén Santos, y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, salieron a pedir más poder para la Policía. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, contraatacó con el argumento de que "los policías no murieron por no poder interrogar". Pero igual la Comisión de Legislación Penal de Diputados recogió el pedido y el proyecto fue activado, con una fuerte presión posterior de todo el Gobierno.

Las modificaciones

Ayer les llegó el turno de expedirse a los senadores. Cada uno de ellos había recibido, horas antes de la votación, un documento emitido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Allí se les advertía que la mayoría de las atribuciones propuestas podían ser consideradas violatorias de las garantías constitucionales.
Igual, los senadores tomaron el proyecto que les llegó de la Cámara baja y lo aprobaron. La sesión empezó apenas pasadas las 18, pero el tema de las atribuciones policiales recién se trató a partir de las 21. Enseguida, los senadores decidieron pasar al debate en particular.
El primero en hablar fue el senador Jorge Yoma (PJ), quien se declaró en contra del proyecto: "Esto es como declarar el estado de sitio". Luego llegó el turno del también justicialista Carlos Corach, quien está a favor de la ampliación. "Esto no es una pócima mágica para garantizar la seguridad. Sólo son instrumentos para luchar contra los delincuentes", argumentó.
La discusión más dura giró en torno a la posibilidad de que la Policía pueda requisar gente y autos en la calle sin orden judicial —buscar sospechosos con el "olfato policial" según lo definió el diputado Dámaso Larraburu (PJ), uno de los autores del proyecto— y entrar a hacer allanamientos dejando a los testigos esperando afuera.
Los senadores también se centraron en la atribución que contempla permitirle a la Federal que secuestre cualquier cosa que le parezca relacionada a un delito durante un allanamiento (la ley anterior decía que sólo pueden incautar lo que el juez les ordena buscar). Para Yoma, darle este poder a la Policía sería igual a invadir el derecho a la privacidad.

Comentario.

Muchos especialistas sostienen que con los nuevos procedimientos lloverán las nulidades en las causas y se acumularán los procesos desvirtuados que terminen en nada. Durante el tratamiento del proyecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió a los senadores que la mayoría de las atribuciones propuestas podían ser consideradas violatorias de las garantías constitucionales.

En resumen, las mayores atribuciones policiales —de hecho, algunas facultades exclusivas de los jueces que ahora pueden ejercer los policías— podrían funcionar si se cumpliera la ley a rajatabla. Y si nadie dudara de la eficiencia profesional de los agentes. Pero con 17 años de democracia constante se siguen anulando operativos mal hechos, y desde hace un año hay una comisión de fiscales que investiga procedimientos policiales armados contra inocentes (una práctica frecuente que hace recordar a los enfrentamientos fraguados, durante la época de la dictadura miliar argentina, contra supuestos subversivos, que eran en realidad fusilamientos). Ya se detectaron 55, con más de cien policías involucrados pertenecientes a ocho divisiones y nueve comisarías diferentes.

Una encuesta oficial revela que el 66 por ciento de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires cree que el desempeño de la Federal en la prevención del delito es de regular para abajo.
Los que sostienen que la actuación de la Policía es "excelente" o "muy buena" son —sumados— el 3,8 por ciento de los encuestados. Más son los porteños que consideran que la labor policial merece calificarse de "pésima": un 5,1 por ciento. Todavía más tajante, otro 10,8 respondió que, directamente, la Federal no realiza acciones de prevención.
Estos datos surgen del último estudio que hizo el Gobierno para medir la sensación de inseguridad: las llamadas "encuestas de victimización", que desde hace dos años instrumenta la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Lo que pretende esta investigación es medir fielmente cómo se vive en cada ciudad el crecimiento del delito, teniendo en cuenta que los hechos que se denuncian nunca son todos los que se cometen.
En el caso de Buenos Aires, igual que en las principales ciudades argentinas, manda el miedo. Esta misma investigación oficial muestra que 8 de cada 10 porteños temen ser asaltados en cualquier momento. Que la gente no se siente protegida por la Policía Federal, como indica este trabajo de la cartera de Justicia, es una de las explicaciones posibles a la sensación de desprotección.

En otra encuesta, ésta realizada entre lectores del diario La Nación al día siguiente de la media sanción de la ampliación de poderes en la Cámara de Senadores, el 49,97% de los entrevistados manifestó que le da miedo que la Policía Federal tenga más poderes. Mientras que casi la mitad de cuantos opinaron se mostraron contra de la resolución del Congreso, el 37,65% señaló que ahora se siente más seguro y el 13,27% opinó que todo seguirá igual.

Independientemente de la falta de soporte científico que apoye a la ampliación de poderes como método efectivo para disminuir el delito, resulta de gravedad el hecho de que dichas ampliaciones avanzan peligrosamente sobre principios constitucionales tales como aquellos que protegen a las personas, su domicilio, sus papeles privados y de su derecho a que sea el juez natural de la causa quien, desde el primer momento y durante la duración de todo el proceso, asegure la legalidad del proceso.

La Policía tiene un desafío gigantesco sobre la espalda. Actuar con el equilibrio y la mesura que la confianza social depositó, hace muchos años, en los jueces. Con un principio innegociable: que la seguridad de la gente es tan importante como sus derechos.

 

La ley anterior La ley actual
INTERROGATORIOS PROHIBIDOS. Los policías federales tenían prohibido hacerles preguntas a los detenidos más allá de sus datos personales (nombre, edad, domicilio). No podían recibirles ningún tipo de declaración.

SUMARIO BREVE. Los policías tenían un plazo de tres días (prorrogables a tres más) para entregarle al juez el sumario con la instrucción de un caso.

ALLANAMIENTOS CON TESTIGOS. Antes de hacer un allanamiento, la Policía tenía que buscar dos testigos para que presenciaran todo el procedimiento y firmaran el acta. Además, sólo podían secuestrar pruebas relacionadas al caso que se estaba investigando (si buscaban droga sólo podían incautar droga y no contrabando, por ejemplo).

REQUISAS PROHIBIDAS. El Código Procesal no habilitaba a la Federal a hacer requisas en lugares públicos (revisar gente o vehículos) sin orden judicial. En caso de que lo hicieran, tenían que justificar que había ocurrido una situación extraordinaria.
INTERROGATORIOS PERMITIDOS. Los policías podrán "requerir del sospechoso en el lugar del hecho noticias o indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la continuación de las investigaciones".

SUMARIO PROLONGADO. Los policías tendrán cinco días (prorrogables a cinco más) para terminar la instrucción del sumario de un caso y elevárselo al juez.

ALLANAMIENTOS SIN TESTIGOS. "En caso de evidente riesgo", los policías podrán entrar solos a hacer un allanamiento. Los testigos esperarán afuera hasta que el peligro haya pasado. También estarán habilitados a secuestrar pruebas distintas a las que buscaban (si investigan contrabando y encuentran droga, la podrán incautar, por ejemplo).

REQUISAS PERMITIDAS. La ley habilita a los policías a revisar sin orden judicial a cualquier persona, sus cosas y vehículos en busca de elementos "provenientes o constitutivas de un delito o que puedan ser usadas para cometerlo".

 

El gatillo fácil

Según un informe de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), 80 personas murieron a manos de la Policía durante 1999. La información, difundida por la agencia oficial Télam, fue suministrada durante la presentación del Informe Anual 2000.

Aunque no lo precisa, el informe se referiría a casos de "gatillo fácil" y no al total de personas muertas en tiroteos con la Policía.

Durante 1999 en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, los civiles muertos en enfrentamientos con la Policía fueron 273, mientras que las bajas entre los miembros de las fuerzas de seguridad fueron 76. Estos datos surgen de un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El informe presentado ayer por Aministía, denominado El olvido está lleno de memoria, documenta las denuncias y preocupaciones de la organización en más de 140 países.

En el capítulo sobre la Argentina se incluyen menciones a golpes y lesiones propinados por la Policía Bonaerense y la mendocina a varias personas, y se citan las denuncias de la organización no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sobre presuntos casos de homicidios y casos de "gatillo fácil".

"Se recibieron informes de tortura y malos tratos infligidos a detenidos por agentes de policía. Las autoridades no investigaron con prontitud e imparcialidad las denuncias de torturas", informó AI.

El presidente de la sección argentina de AI, Marcelo Avila, que presentó el informe junto al escritor Martín Caparrós, en Buenos Aires, reclamó investigaciones imparciales sobre los casos citados en el documento.

La organización se refirió al caso por la desaparición del estudiante Miguel Bru, en 1993. Señaló que la Cámara Penal condenó a dos policías a prisión perpetua y a otros dos a dos años de cárcel.

Pero la semana pasada, la madre de Bru protestó frente a los tribunales de La Plata porque tres de los policías condenados siguen libres a causa de apelaciones aún no resueltas.

 


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