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Agosto - Septiembre 2002
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Editorial
Agosto - Septiembre 2002

Pena de muerte otra vez... ¿Y quién la ejecuta?

Recientemente la sociedad argentina se vio conmovida por un trágico hecho. Se trata del secuestro de Diego Peralta, un chico de apenas 17 años de edad, el día 5 de julio, cuando iba camino a la escuela.
La familia reunió, con la colaboración de amigos y vecinos del barrio, la suma de 9 mil pesos y 2 mil dólares para pagar (lo que efectivamente hizo) el rescate.

Diego fue encontrado muerto luego de un mes en una tosquera de Ezpeleta, cerca de Quilmes, con un corte en el cuello y signos de haber estado allí por lo menos cinco días. Fue el anunciado final de una historia trágica en la cual se vieron seriamente involucrados efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires ("la bonaerense").

 

 

 

 

Los vecinos, indignados, se concentraron espontáneamente frente a la comisaría  de El Jagüel donde le prendieron fuego al destacamento, destrozaron ventanas y puertas, quemaron un auto y apedrearon a los agentes, cinco de los cuales fueron heridos mientras reprimían disparando balas de goma y otras de plomo. Después, la represión se extendió a todo el barrio y los enfrentamientos continuaron avanzada la noche.


En coincidencia con el sentimiento popular, una fuente de la policía Federal dijo que ellos se harán cargo ahora del caso porque “hay sospechas” de que los autores del secuestro y asesinato fueron hombres de la Bonaerense.

Irónicamente los responsables de la investigación del secuestro parecerían estar involucrados en el mismo. A los pocos días del hecho detuvieron a varios policías de la delegación de Lomas de Zamora que estaban investigando. Se trata del cabo Aníbal Masgoreet y del sargento Hernán Palomeque, acusados de haber participado en el secuestro extorsivo del hijo de un comerciante de Rafael Calzada. En esta causa hay un tercer policía que sigue prófugo.

Pero más allá de este hecho que pone en serias dudas la conveniencia de dejar a los lobos cuidar a las ovejas me gustaría referirme a un clamor que surgió desde varios sectores sociales con motivo de este reclamo.

Durante varias marchas que se realizaron por la aparición con vida de Diego Peralta me llamó la atención un cartel que portaban los manifestantes y que rezaba: "Por Diego. Justicia no. Pena de muerte sí".
Coincidentemente con este slogan, la madre de Diego en reiteradas oportunidades se dirigió a los medios clamando por la vida de los captores y asesinos argumentando que no confiaba en el sistema de justicia. De hecho, este reclamo es acogido favorablemente por grandes sectores de la población como demuestran numerosas encuestas.

Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es ¿quién decide sobre la aplicación de la pena capital?
Ello le corresponde en casi todos los países del mundo al sistema de justicia (el mismo sistema que hoy se encuentra seriamente cuestionado por su incapacidad de hacer cumplir las leyes).
De hecho, según una encuesta realizada por la consultora Vox Populi, para la población bonaerense, la corrupción policial se convirtió en la principal causa de la inseguridad, aun por encima de la pobreza; ubicándose en segundo lugar la ineficiencia de los jueces. La gente cree que la Justicia se demora inexplicablemente, en general castiga a los delincuentes más pobres, y, según consideran los ciudadanos, no aplica las penas que corresponden.
¿Serían esos mismos jueces que hoy en día se encuentran cuestionados por su inactividad o por su "indulgencia" con el delito? ¿Qué nos garantiza que la pena de muerte no sería aplicada selectivamente, como lo es en la actualidad el encarcelamiento, atrapando en sus redes únicamente a los delincuentes fracasados y protegiendo a los delincuentes de cuello blanco?.
En un país como Argentina, donde la corrupción alcanza niveles insospechados y donde el poder político avala e impulsa el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad; donde la policía inventa causas criminales contra pobres diablos para alcanzar objetivos estadísticos planificados, (al mismo tiempo que desecha otras para que no pasen a engrosar el número de delitos no resueltos); donde la independencia del Poder Judicial se encuentra seriamente cuestionada; la perspectiva de la aplicación de la pena capital sería temible. Mucho más temible que la inseguridad que nos asecha en la actualidad.

Pero no debemos ignorar que el reclamo por la pena de muerte no resulta extraño en un momento en el cual la inseguridad se encuentra en primer plano en la vida de la población. Lo grave es la utilización política que de este reclamo hacen diversos dirigentes, más interesados en el rédito político que pudieran obtener, dada la cercanía de elecciones presidenciales, que en buscar soluciones concretas a la inseguridad.
Pocos analizan las causas de la violencia y para comprender mejor lo que está pasando con el delito deberían tenerse en cuenta cuatro factores. En primer lugar que la máxima violencia emana de un Estado ausente en el cumplimiento de sus más básica obligaciones respecto de la población (llámense estas alimentación, salud, vestimenta, etc.). Por otro lado, el crecimiento de la actividad delincuencial originado en las modificaciones en la vida de una gran parte de la población que esta misma ausencia del Estado provoca. Además, el retiro esencial que hace el Estado respecto de aspectos básicos de la política de seguridad, como por ejemplo el mantenimiento de presos hacinados en comisarías y penales. Y finalmente, y en relación con los anteriores, el abandono estatal termina por ser cómplice de la delincuencia. Y aquí me refiero no sólo a los mecanismos tradicionales mediante los cuales sectores de la policía, la Justicia y los punteros políticos se protegen ocultando sus actividades delictivas, sino también a la forma deliberada en que el Estado como tal (y no sectores marginales) establece un pacto con las fuerzas de seguridad por el cual avala formas de financiamiento oscuras. Entonces, la sociedad empieza a sentir cómo quienes deberían protegerla dejan de cumplir su función para volverse en su contra. Y este elemento es esencial para comprender el proceso de disolución social que vivimos: ante la ausencia de mediación institucional, control y sanción al ejercicio de la violencia, ésta comienza a cobrar formas desnudas, entre las que se encuentran por ejemplo las agresiones entre pares o grupos de personas cercanos.

Recordemos que la pena de muerte es la “ley del talión” institucional, la máxima violencia estatal (que se sumaría a la violencia que actualmente genera) de que es capaz un Estado de derecho en la equivalencia entre daño y castigo. “Ojo por ojo”, decía Ghandi, “y el mundo acabará ciego”. Es explicable que una víctima o el familiar de una víctima la reclame; no se trata de una actitud racional sino de una respuesta emocional. Las emociones no pueden ser censuradas en sí mismas; depende de lo genuino de la emoción y de la identidad del emocionado. Pero cuando la política expropia el discurso del atormentado, sin serlo, viola uno de los principios básicos de su razón de ser: pasar a formar parte del problema en lugar de contribuir a resolverlo.

Y para finalizar, creo que vale la pena reiterar un párrafo que considero resume el dilema con bastante más claridad de lo que yo pudiera hacer, que fuera formulado por el ex Fiscal Federal Aníbal Ibarra, uno de los agentes del ministerio público que participó en la acusación de los miembros de las Juntas Militares, responsables por la "desaparición" forzada de miles de argentinos durante la última dictadura:

"... ni la aplicación ni la abolición de la pena de muerte, tienen relación con el crecimiento o la disminución de la criminalidad". "El reclamo de la pena de muerte es una respuesta simple frente a un problema complejo, con el agravante que, al darnos cuenta que el problema sigue existiendo, vamos a responsabilizar a los jueces por no aplicar la pena de muerte en más casos, o por no ser tan severos y, tal vez, nos cueste advertir que el error fue suponer que la muerte puede ser solución"
Ex Fiscal Federal Dr. Aníbal Ibarra.

 

Hay momentos de la tarde en que la llanura está por decir
algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo
entendemos o lo entendemos pero es intraducible como
una música”.

Jorge Luis Borges. “El fin”.

 

 

Federico Muraro

 


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